Jugar con la necesidad de la gente menos favorecida y financiar a población que potencialmente puede sostener su servicio sí atenta contra la justicia social constitucional.

Con la reforma presentada por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, que pretende abrir el mercado de telecomunicaciones del país, algunos diputados, sindicatos e intelectuales costarricenses han venido argumentando, en distintos foros, que estaríamos al borde de una posible violación a la Constitución Política -y en particular a los principios de justicia social establecidos en los artículos 50 y 74 de la Constitución Política- si se abre el mercado de telecomunicaciones a la participación privada y se regula la competencia, señalan además estos estimables costarricenses que una modificación de tal magnitud iría en detrimento de las clases menos favorecidas del país al eliminarse entre otras cosas, los subsidios cruzados y la presunta institucionalidad pública al cercenarse la “exclusividad en el mercado” a los actuales operadores públicos.

Cuando Guglielmo Marconi envió señales radiotelegráficas a través del Atlántico en 1901, no podía prever los alcances de la masificación de las radiocomunicaciones, en particular el valor estratégico del espectro radioeléctrico para los países.

Si queremos fortalecer el ICE, debemos someterlo a una competencia gradual

En tan solo una década, como resultado de un conjunto de factores convergentes, la industria de las telecomunicaciones pasó a ser llamada la industria de la nueva economía. Entre 1990 y el 2000 la fuerza de la desregulación de los mercados empujó un crecimiento espectacular del sector en el mundo: las líneas fijas pasaron de 520 a 970 millones; el tráfico telefónico internacional subió de 33.000 millones de minutos a 110.000 millones; los suscriptores de telefonía móvil pasaron de 11 millones a 650 millones, y los gastos de capital en ese período fueron de 1,637 billones de dólares.

Lo primero, hechos y orden mental.

En este sentido, el artículo de ayer, en la página de opinión, de Juan Manuel Campos, abogado, como los de Kevin Casas y Luis Mesalles, para citar solo tres recientes, poseen la egregia virtud del dominio de los hechos, la precisión de las ideas y la claridad del lenguaje. Una trilogía educativa –triunfo del logos– sin la cual un pueblo se extravía en manos de los demagogos o de los espíritus oscuros o caliginosos, aunque exhiban títulos académicos o posiciones de relumbrón.